Una vez reposados los ánimos y superado el asombro por los inesperados resultados del Brexit, es necesario evaluar, a grandes rasgos, los escenarios futuros de cara a la probable salida de Reino Unido de la Unión Europea.

• El referéndum, en tanto es una consulta, no tiene carácter de aplicación inmediata. Ahora es que se inicia el proceso regular de abandono de la UE, de acuerdo con los parámetros que establece el organismo y que son aplicables a los países miembros.
• Adicionalmente, hay que destacar que la salida de Reino Unido de la UE no afecta la unidad monetaria, en tanto no pertenecía al euro.
• A la fecha, la salida de un país miembro de la UE debe aplicarse bajo el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Para ello: 
  • Reino Unido debe notificar al Consejo Europeo la intención de abandonar el bloque.
  • Una  vez notificado, se activa el procedimiento y se inicia el proceso de negociaciones para determinar las relaciones y tratados con cada uno de los países miembros.
  • El documento pactado en esta primera etapa deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y firmado por el Consejo Europeo. Para este proceso se establece un plazo de 2 años.
  • Si no se llega a un acuerdo, el plazo de negociación de acuerdos bilaterales puede ser ampliado por el Consejo.
  • Una vez aprobado el documento, entraría en vigor la retirada de la UE.

Ahora bien, entendiendo que el proceso apenas se inicia, que no se ha activado el artículo 50 y que una vez en marcha se cuentan 2 años -prorrogables- para negociar acuerdos bilaterales; hablar de consecuencias es cuando menos, arriesgado. Si bien es preciso evaluar escenarios, hay que considerar que la legislación aplicable en todos los ámbitos (comercial, legal, migratorio) permanece sin ajustes. Los cambios se aplicarán una vez entre en vigor la salida de Reino Unido de la UE y se haya aprobado en el Consejo Europeo los nuevos acuerdos, condiciones y regímenes aplicables con cada país.

No obstante, las empresas que manejan proyectos de mediano y largo alcance en Reino Unido, ya se plantean planes de acción para reubicar operaciones y trabajadores; al tiempo que diseñan nuevas estrategias de movilidad y planes de inversión para reubicar a sus expatriados.

Posibles cambios

De llevarse a cabo la salida de la UE, una de las áreas susceptibles a presentar ajustes de carácter legal, es inmigración. Las leyes relacionadas con el libre tránsito de trabajadores, turistas y estudiantes entre Europa y Reino Unido serán, necesariamente, redefinidas. En este caso, las empresas deberán ajustarse a la nueva política de gestión de visados de trabajo y prepararse para la transición, de modo que puedan controlar -en la medida de lo posible- el impacto económico en el negocio.

En el caso de los estudiantes extranjeros, se definirán nuevos requisitos para la obtención de visados de larga duración. Por otro lado, las subvenciones en Universidades y Centros de Estudios por pertenecer a la UE también se verían afectadas.

Los permisos de residencia temporal y de larga duración estarán, de igual modo, sujetos a los acuerdos bilaterales con cada país. Y finalmente, el sistema de ayudas sociales y el derecho al Sistema Nacional de Salud, también se verá afectado y deberá responder a los acuerdos que se negocien con cada uno de los países miembros de la UE.

Impacto económico

Las previsiones económicas ya se han puesto sobre la mesa y analistas de riesgo se aventuran con proyecciones. La gestora BlackRock estima que la salida del Reino Unido le costaría a la “City” alrededor de 100.000 empleos, asumiendo que importantes empresas planifiquen mudarse a otra ciudad de la Eurozona.

La gestora Deutsche Asset Management estima que en 2016 el crecimiento de Reino Unido puede descender de 2% a 1,5%. El Tesoro británico, por su parte, espera una contracción del PIB de entre un 3,6% y un 6% en los próximos dos años y una depreciación de la libra de entre el 12 y el 15%. Con respecto al empleo, su proyección apunta a un incremento de entre 520.000 y 800.000 desempleados en el mismo período.

Las consecuencias visibles

A pesar de la incertidumbre con respecto a los acuerdos bilaterales y su nivel de afectación en el corto y mediano plazo; lo que sí ha empezado a advertirse a pocos días de realizado el referéndum, es la radicalización de posturas políticas y la tensión social producto de un discurso independentista y conservador, liderado por Nigel Farage y su partido KUIT. No obstante, las consecuencias escapan del ámbito legal y geopolítico, para medirse en el terreno social.

Es importante mencionar que actualmente hay cerca de 200 mil españoles y alrededor de 2,8 millones de ciudadanos europeos que residen, estudian o trabajan en suelo británico y que sufrirán de una u otra forma el impacto económico, legal y social que el Brexit representa.

A la fecha y tras una semana de realizada la consulta, el escenario es incierto, no hay planes concretos y claros para enfrentar la salida y se ha puesto sobre la mesa -incluso- la posibilidad de dar marcha atrás. El argumento es apelar a una nueva “validación democrática”, al menos así lo asegura el actual ministro de Salud, Jeremy Hunt.

Frente a este escenario y hasta tanto no se active el artículo 50 del Tratado de Lisboa y se ponga en marcha la salida, las acciones para enfrentar las consecuencias resultan, por decir lo menos, precipitadas.